El descontento social y las masivas protestas en Perú no es un suceso aislado en América Latina. En los últimos tres años se llevó a cabo manifestaciones similares en Chile, Colombia y Ecuador, donde miles de ciudadanos salieron a las calles a protestar contra una serie de problemas sociales, incluida la desigualdad, las reformas fiscales y el aumento de precio de los alimentos.
Con la llegada de la pandemia mundial del covid-19 y la guerra entre Rusia y Ucrania contribuyeron a una sensación general de insatisfacción con el ‘statu quo’, exacerbando aún más el actual clima de malestar. En Perú, durante los últimos tres años, el PBI ha mantenido una tasa de crecimiento constante del 3%, pero la agitación política actual tras la interrupción de la democracia por parte del expresidente Pedro Castillo a través de un fallido golpe de Estado provocó un malestar generalizado en el país.
Desde diciembre, con este descontento social, llevó a que manifestantes bloqueen carreteras, incendien instituciones públicas y campamentos mineros, también se produjo el cierre de aeropuertos. Sin embargo, esta convulsión social provocó la lamentable pérdida de 60 vidas humanas y miles de heridos, luego del enfrentamiento de agentes de la Policía Nacional del Perú y los protestantes en diferentes regiones del país.
Con la afectación de la infraestructura y el bloqueo de las vías provocaron una fuerte perturbación económica sobre todo en sectores claves como la minería, la agricultura y el turismo. Según el ministro de Economía y Finanzas, Alex Contreras, estimó que el costo de las protestas en diciembre ascendió en USD 21 millones por día.
Ante estos sucesos en el país, un grupo de expertos compartieron sus perspectivas sobre cómo las tensiones sociales impactan a la inversión local y extranjera en el Perú en el marco de un evento virtual organizado por Atlantic Council.
En su análisis, Jason Marczak, senior director de Adrienne Arsht Latin America Center Atlantic Council, indicó que en los últimos meses tras la destitución de Pedro Castillo, dio lugar a protestas generalizadas que aislaron y paralizado varias ciudades del Perú. De acuerdo al Banco Central de Reserva del Perú informó que debido a la inestabilidad política la tasa de crecimiento del año pasado se redujo casi medio punto porcentual.
CRISIS POLÍTICA Y DEMOCRACIA
Desde el punto de vista estadounidense, Kevin O’Reilly, Coordinador Nacional de la Cumbre de las Américas y subsecretario adjunto de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de los Estados Unidos, dijo que miran con gran preocupación las noticias de actos violentos que se vienen produciendo en el Perú, sobre todo cuando van dirigidos a los medios de comunicación, ya que la democracia depende de una prensa libre y un intercambio libre de ideas.
Asimismo, el funcionario indicó que están apoyando a las autoridades peruanas en la agenda para ver cuál es la forma de lograr la recuperación de económica del país tras los embates de la pandemia y todas sus secuelas. “Todos sabemos que Perú ha sufrido choques desproporcionados comparado con el resto de países del hemisferio, pues tuvo un costo social muy fuerte; sin embargo, vimos que el país empezó a recuperarse en términos económicos, pero estas circunstancias recientes por las protestas han tenido un impacto en algunos sectores como la minería y el turismo”, precisó.
Por su parte, el Embajador Jaime Cacho-Souza, director general de promoción económica del Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, indicó que las protestas sociales en el Perú incluyen legítimas demandas, pero también fueron motivadas por intereses políticos con el deliberado propósito de producir violencia para subvertir el orden constitucional del gobierno liderado por la presidenta Dina Boluarte. (Infobae)
