Un gran número de ex jefes de Estado de América Latina y España, entre ellos José María Aznar, Felipe González y Mariano Rajoy, presentaron un escrito ante la fiscalía del Tribunal Penal Internacional (TPI) para buscar la “urgente” detención del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro y del nuevo ministro del Interior, Diosdado Cabello, por crímenes contra la humanidad.
El documento fue entregado en La Haya en nombre de la Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA-Democrática), que ha decidido actuar atendiendo un “deber moral” y por “convicciones democráticas”.
Con este documento buscan demostrar que Venezuela es “un Estado militar represor” que ejerce “terrorismo de Estado”, como explicó Andrés Pastrana en un vídeo divulgado en redes sociales. Señalan directamente a Maduro, Cabello y la “cadena de mando” que orquesta y permite las violaciones de los derechos humanos.
El expresidente Andrés Pastrana, quien entregó el documento ante el organismo internacional, abogó por la “urgente intervención” del fiscal jefe del TPI, Karim Khan, para que solicite la detención de los principales líderes chavistas.
La Fiscalía ya abrió en 2021 una investigación preliminar sobre posibles abusos en Venezuela a raíz precisamente de una petición de un grupo de países latinoamericanos.
Venezuela ratificó el Estatuto de Roma en junio del año 2000, por lo que teóricamente debe someterse a la soberanía del tribunal con sede en La Haya. El gobierno de Maduro, sin embargo, cuestionó durante estos últimos años las pesquisas abiertas, alegando entre otras cosas que no hubieron abusos generalizados y que hay procedimientos de rendición de cuentas ya en marcha en el país sudamericano.
Previamente, El Grupo IDEA, liderado por el expresidente Iván Duque, alertó sobre la judicialización de la que está siendo víctima María Corina Machado en Venezuela, después de denunciar las irregularidades de las elecciones presidenciales del domingo 28 de julio.
Esa asociación de exjefes de Estado y de Gobierno de la región llamó la atención sobre la persecución judicial de la que está siendo víctima la líder opositora después de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) de ese país asegurara que los comicios fueron ganados por Nicolás Maduro y no por candidato opositor Edmundo González.
Por otro lado, el fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) declaró que sigue activamente los acontecimientos en Venezuela y que está evaluando numerosos informes de violencia durante los disturbios posteriores a las elecciones presidenciales del 28 de julio.
El candidato de la oposición venezolana, Edmundo González Urrutia, reclama la victoria en los comicios, en los que el mandatario izquierdista Nicolás Maduro fue declarado vencedor para un tercer mandato.
La proclamación de Maduro como presidente electo suscitó protestas que se saldaron con 24 muertos, señalaron organizaciones de derechos humanos, y más de 2.200 detenidos, según el propio Maduro.
La oficina del fiscal de la CPI, con sede en La Haya, “puede confirmar que sigue activamente los acontecimientos actuales y recibió numerosos informes de violencia y otras denuncias tras las elecciones presidenciales del 28 de julio en Venezuela”, indicó en un comunicado.
La CPI lleva ya varios años investigando presuntos crímenes de lesa humanidad que habría cometido el gobierno en Venezuela en 2017, durante protestas de la oposición en las que murieron más de 100 personas.
“De acuerdo con su trabajo en todas las situaciones, la oficina evalúa de forma independiente todos estos informes y otras informaciones disponibles en el marco de su mandato y jurisdicción”, añadió el lunes la fiscalía.
También señaló que había “entablado un diálogo con el gobierno venezolano al más alto nivel para subrayar la importancia de garantizar el respeto del Estado de derecho en estos momentos”, mencionó la oficina del fiscal. (Semana)
Foto: Guetty
